Menores violentos. Una epidemia más allá de la familia o la escuela


El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, alerta a la sociedad en general y a las administraciones en particular acerca del incremento importante que "parece" estar registrándose de los menores aquejados por algún tipo de trastorno del comportamiento, ya venga éste asociado a algún tipo de patología clínica o no.
Esta es la principal conclusión del último informe laborado por Chamizo y facilitado ayer a la prensa: `Menores con trastornos de conducta en Andalucía´. El documento refleja la recepción de un número importante de quejas que mostraban el desamparo de las familias por la falta de respuesta de los poderes públicos ante esta realidad.
Los menores con trastornos de conducta se han convertido actualmente en un "grave problema social", cuyas consecuencias trascienden a las propias familias, para recaer también sobre el vecindario, la escuela, el sistema sanitario o, incluso, los tribunales de justicia, dice el defensor.
Según Chamizo se trata además de un problema que rompe las tradicionales barreras sociales para afectar a familias de todas las capas y estratos sociales.
El continuo aumento de menores inculpados por delitos de violencia en el ámbito familiar, el incremento "significativo" de las condenas a este sector de la población por delitos "graves" contra las personas y las cosas empleando una "violencia excesiva e innecesaria" y la subida de las sentencias por casos de acoso o violencia escolar es el marco que presenta actualmente la sociedad.

Más delitos. El Defensor del Pueblo Andaluz cita además actitudes antisociales de menores en grupos y el aumento de los jóvenes con comportamientos disruptivos en el aula con grados significativos de reincidencia. Chamizo cree "preocupante", asimismo, el incremento del número de casos en que estos menores presentan conductas especialmente violentas o agresivas.
El ámbito social también arroja datos que alertan del aumento de situaciones conflictivas en el ámbito social y familiar y de pandillas de jóvenes violentos que atacan, roban o intimidan a otros menores o a adultos.
En definitiva, Chamizo determina que parece evidente que estos datos reflejan un incremento de los comportamientos antisociales protagonizados por menores y que son cuanto menos indiciarios de que puede haberse incrementado el número de menores con trastornos de conducta, ya que éstos son comportamientos típicos en menores aquejados de este tipo de problemas conductuales, reza el documento.
"Pero es que, además, existen una serie de datos que sí contemplan específicamente la variable del trastorno de conducta del menor y que nos llevan a concluir que, efectivamente, la presencia de este problema se está incrementando en nuestra sociedad", resalta.
Según el informe, en Andalucía 664 niños tienen necesidades educativas especiales asociadas a trastornos graves de conducta. Málaga, con 139, es la segunda provincia de la región en estos casos, por detrás de Sevilla, que contabiliza 220 alumnos.
Chamizo concluye que existen deficiencias y carencias en los procesos de atención temprana de estos trastornos, motivadas por la falta de medios y la "deficiente" organización y preparación de los recursos públicos que deberían asumir la labor de detección del problema, especialmente en lo que se refiere a los servicios sanitarios.
En este punto, reclama además la necesidad de que efectúen diagnósticos integrados en los que, además de los aspectos estrictamente sanitarios, se contemplen todos los condicionantes familiares, educativos y sociales que inciden en la valoración del trastorno que padece el menor.
También resalta igualmente carencias en los servicios educativos y sociales, demandando que se complete la red de recursos. Pide además que se elabore un plan de intervención entre las diferentes administraciones en este sentido.