Los menores con trastornos de conducta se han convertido actualmente en un grave problema social, cuyas consecuencias trascienden a las propias familias para recaer también sobre el vecindario, la escuela, el sistema sanitario o, incluso, los Tribunales de Justicia. Pero se trata además de un problema que rompe las tradicionales barreras sociales para afectar a familias de todas las capas y estratos sociales. A este respecto, sorprende el creciente número de casos de menores integrados en familias perfectamente normalizadas, no encuadrables en supuestos de desprotección, y que no obstante se muestran impotentes para contener los problemas conductuales del menor a su cargo.
La recepción de un número importante de quejas que mostraban el desamparo de las familias ante la falta de respuesta de los poderes públicos a sus repetidas demandas solicitando ayuda para afrontar los trastornos conductuales de sus hijos, llevó a esta Institución a plantearse la necesidad de iniciar una investigación para conocer en profundidad la situación en que se encontraban los menores andaluces afectados por algún tipo de trastorno del comportamiento.
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