sábado, 10 de mayo de 2008

Menores violentos, una epidemia más allá de la familia o la escuela

INFORME `Menores con trastornos de conducta en Andalucía´
El Defensor andaluz detecta un aumento de las conductas violentas · Chamizo alerta del incremento de los comportamientos violentos entre jóvenes, sean patológicos o no y defiende que no existen los medios de intervención adecuados
MATUCHA GARCÍA. MÁLAGA
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, alerta a la sociedad en general y a las administraciones en particular acerca del incremento importante que "parece" estar registrándose de los menores aquejados por algún tipo de trastorno del comportamiento, ya venga éste asociado a algún tipo de patología clínica o no.

Esta es la principal conclusión del último informe laborado por Chamizo y facilitado ayer a la prensa: `Menores con trastornos de conducta en Andalucía´. El documento refleja la recepción de un número importante de quejas que mostraban el desamparo de las familias por la falta de respuesta de los poderes públicos ante esta realidad.

Los menores con trastornos de conducta se han convertido actualmente en un "grave problema social", cuyas consecuencias trascienden a las propias familias, para recaer también sobre el vecindario, la escuela, el sistema sanitario o, incluso, los tribunales de justicia, dice el defensor.
Según Chamizo se trata además de un problema que rompe las tradicionales barreras sociales para afectar a familias de todas las capas y estratos sociales.

El continuo aumento de menores inculpados por delitos de violencia en el ámbito familiar, el incremento "significativo" de las condenas a este sector de la población por delitos "graves" contra las personas y las cosas empleando una "violencia excesiva e innecesaria" y la subida de las sentencias por casos de acoso o violencia escolar es el marco que presenta actualmente la sociedad.

Más delitos. El Defensor del Pueblo Andaluz cita además actitudes antisociales de menores en grupos y el aumento de los jóvenes con comportamientos disruptivos en el aula con grados significativos de reincidencia. Chamizo cree "preocupante", asimismo, el incremento del número de casos en que estos menores presentan conductas especialmente violentas o agresivas.

El ámbito social también arroja datos que alertan del aumento de situaciones conflictivas en el ámbito social y familiar y de pandillas de jóvenes violentos que atacan, roban o intimidan a otros menores o a adultos.

En definitiva, Chamizo determina que parece evidente que estos datos reflejan un incremento de los comportamientos antisociales protagonizados por menores y que son cuanto menos indiciarios de que puede haberse incrementado el número de menores con trastornos de conducta, ya que éstos son comportamientos típicos en menores aquejados de este tipo de problemas conductuales, reza el documento.

"Pero es que, además, existen una serie de datos que sí contemplan específicamente la variable del trastorno de conducta del menor y que nos llevan a concluir que, efectivamente, la presencia de este problema se está incrementando en nuestra sociedad", resalta.

Según el informe, en Andalucía 664 niños tienen necesidades educativas especiales asociadas a trastornos graves de conducta. Málaga, con 139, es la segunda provincia de la región en estos casos, por detrás de Sevilla, que contabiliza 220 alumnos.

Chamizo concluye que existen deficiencias y carencias en los procesos de atención temprana de estos trastornos, motivadas por la falta de medios y la "deficiente" organización y preparación de los recursos públicos que deberían asumir la labor de detección del problema, especialmente en lo que se refiere a los servicios sanitarios.

En este punto, reclama además la necesidad de que efectúen diagnósticos integrados en los que, además de los aspectos estrictamente sanitarios, se contemplen todos los condicionantes familiares, educativos y sociales que inciden en la valoración del trastorno que padece el menor.

También resalta igualmente carencias en los servicios educativos y sociales, demandando que se complete la red de recursos. Pide además que se elabore un plan de intervención entre las diferentes administraciones en este sentido. OM


Uno de cada cien adolescentes sufre trastornos de conducta, según Chamizo

A.F.C.
SEVILLA. Padres que literalmente no pueden con sus hijos, que incluso son víctimas de su violencia verbal y física; profesores que se encuentran impotentes para educar e incluso soportar a ciertos chicos; centros escolares que no saben como enfrentarse al problema de alumnos violentos y antisociales; menores víctimas de acoso o de violencia escolar, Estas quejas vienen llegando hace ya tiempo a las manos de José Chamizo, en su calidad de Defensor del Menor, sólo que en los últimos tiempos han pasado a ser alarmantemente numerosas. Unas 300 calcula el Defensor que tiene en sus manos. Pero esas quejas son sólo la punta del iceberg de un problema que Chamizo calcula que afecta a uno de cada 100 menores de entre 12 y 16 años.

El Defensor del Menor presentó ayer a la presidenta del Parlamento andaluz un informe especial que alerta del espectacular incremento de estos trastornos de conducta entre los menores y sobre el hecho de que no se está hablando de adolescencias difíciles, ni de problemas sociales entre niños de clases marginales. Se trata de un hecho más grave, de conductas antisociales, que pueden ser producto de una enfermedad mental, o que al menos denotan un trastorno del comportamiento en sentido patológico, y que además se produce sin motivo social o familiar aparente. Es decir en el seno de familias normalizadas en el sentido de «no desestructuradas» y de todos los sectores económicos.

«Los menores con trastornos de conducta se han convertido ya en un grave problema social que trasciende a la familia para recaer también sobre el vecindario, la escuela, el sistema sanitario e incluso los tribunales de Justicia», denuncia el Defensor del Menor.

Chamizo acompaña estas manifestaciones con datos que avalan el importante incremento «de los menores aquejados por algún tipo de trastorno del comportamiento ya venga este asociado con una patología clínica o no». Estos datos los aportan los juzgados de menores que recogen un continuo aumento de casos en que aparecen menores inculpados por delitos de violencia en el ámbito familiar y muchos de ellos por agresiones a sus familiares más directos. También los aportan los numerosos estudios sobre violencia escolar que destacan el incremento de «conductas especialmente violentas y agresivas». Asimismo, los Servicios Sociales denuncian cada vez más la existencia de situaciones conflictivas protagonizadas por «menores antisociales»

El informe de Chamizo no sólo pone el problema sobre la mesa de la presidenta del Parlamento y a la vista de la sociedad sino que denuncia el hecho de que a pesar de el problema viene creciendo hace ya tiempo no ha habido una respuesta por parte de los poderes públicos.

Chamizo reclama en este sentido a la Administración que actúe de forma coordinada para facilitar la detección del problema y sobre todo que se arbitre dentro del sistema de Salud un circuito socioeducativo para estos menores, para que no se queden sin diagnosticar como ocurre ahora.

Familias desamparadas

Así, Chamizo destaca el «desamparo de las familias» que se enfrentan a este problema porque no encuentran respuesta ni en la asistencia social ni en la sanitaria ni tampoco recursos educativos para sus hijos que muchas veces son simplemente expulsados o trasladados de centro.

El Defensor destacó como dato positivo que Asuntos Sociales tenga 12 centros concertados para menores con trastornos de conducta, pero critica que a estos centros sólo puedan acudir los menores tutelados por la propia Junta de forma que no están disponibles para los que sí tienen una familia aunque se les recomiende el internamiento. Además, Chamizo opina que estos centros deberían depender de Salud Mental y no de Asuntos Sociales para asegurar así el correcto diagnóstico y un tratamiento de los menores que son derivados a ellos. abc

Juegos peligrosos

La Unión Europea cambiará la legislación para adoptar medidas penales contra la venta de videojuegos violentos a menores

CARLOS ZAHUMENSZKY/ EL COMERCIO DIGITAL 4-2-2007

Ocurre con una periodicidad más o menos anual. De repente, un papá o mamá de pro se pasea por la habitación de los niños y descubre, con honda consternación, que sus retoños están jugando a una salvajada de videojuego donde abunda la casquería, el lenguaje soez y los tratamientos vejatorios. Cuando coincide que el horrorizado progenitor es, además, un miembro importante de la comunidad, no tarda en generarse una ola de reacciones en las altas esferas. Políticos, psicólogos, periodistas y mentes bienpensantes se rasgan las vestiduras mientras debaten la necesidad de prohibir esta corrupta y escandalosa forma de entretenimiento tan tristemente propia de los tiempos que corren.


La más reciente reacción condenatoria de los videojuegos se produjo en el último Consejo informal de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, celebrado en la ciudad alemana de Dresde. La voz de alarma la dio la salida al mercado, en noviembre pasado, de un videojuego llamado ‘Rule of Rose’, en el que se muestran todo tipo de ritos de extrema crueldad realizados por una sociedad secreta de tiernos infantes en un orfanato.
El juego, de terror y calificado para mayores de 16 años, ha sido prohibido en Gran Bretaña y su venta se ha retrasado ’sine die’ en España. Ese mismo mes, un alumno de instituto de Renania del Norte-Westfalia, al oeste de Alemania, entró armado hasta los dientes en su centro escolar hiriendo a 37 personas. El joven, fanático de los videojuegos y las armas de fuego, se atrincheró en el centro y se suicidó antes de ser apresado por la Policía.
A propósito de tan macabros sucesos, los ministros de Justicia de la UE se han puesto manos a la obra para tomar medidas contra la difusión de juegos de contenido violento. El comisario europeo de Justicia, Seguridad y Libertades, Franco Frattini, anunció que la Unión Europea pondrá en marcha una fuerte ofensiva contra los juegos de carácter violento ante la falta de control en la venta de este tipo de artículos a menores. Una de las primeras medidas, que verá la luz en este semestre, consistirá en la confección de una lista negra de títulos que sirva de guía a los estados miembros para prohibir la venta de determinados juegos. Frattini admitió la imposibilidad de establecer una prohibición general para toda la UE y puntualizó que la decisión última sobre qué títulos prohibir corresponde al gobierno de cada país.
Penalizar la venta
Durante el encuentro, se proyectaron imágenes de varios videojuegos que fueron tachadas de «espeluznantes» por Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia español. Aguilar explicó que la reunión sirvió para crear un grupo de trabajo. La comisión tendrá como objetivo homogeneizar las distintas legislaciones de cada país y buscar instrumentos que permitan la represión penal de la venta de videojuegos que inciten a la violencia.
Uno de los principales problemas de este tipo de productos es que no existe un sistema de control por el que se garantice que las tiendas no venden juegos inapropiados a menores de edad. Franco Fratini manifestó la necesidad de crear un mecanismo de control que se traduzca en sanciones penales contra los vendedores en caso necesario.
Las tiendas de videojuegos no son, a juicio de los responsables de la UE, las únicas culpables en el asunto. La mayor parte de los juegos que salen al mercado se difunden también (legal o ilegalmente) a través de Internet y la red de redes es bastante más difícil de controlar. En palabras de la ministra alemana de Justicia, Brigitte Zypries, «es como prohibir la lluvia». La difusión de un juego violento a través de Internet puede frenarse si su origen está en la UE, pero nada puede hacerse si el servidor en que se encuentra se halla fuera del marco legal europeo. Zypries destacó que la legislación actual es suficiente, pero que no se aplica con el suficiente rigor.La titular alemana de Justicia no andaba descaminada porque, en realidad, sí existe una normativa paneuropea. Actualmente, los videojuegos están sujetos a un código de regulación tan estricto que ya lo quisiera para sí la industria del cine. Se trata del sistema ‘Pan European Game Information’ o Pegi. El código ha sido desarrollado por la Federación Europea de Software Interactivo en colaboración con el Instituto de Clasificación de Material Audiovisual de Holanda (Nicam). El sistema se utiliza en 27 países de Europa y, aunque no es obligatorio, se someten a él todos los principales desarrolladores de videojuegos de dentro y fuera de la UE. En España, lo usan todas las compañías adscritas a la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento.


Pegi clasifica cada juego en un rango de edades recomendadas que van desde los 3 a los 18 años. Además, el código obliga a mostrar, en caso necesario, varias etiquetas informativas sobre el tipo de contenidos que se pueden encontrar en el juego. Entre esas etiquetas se incluyen las que avisan de contenidos violentos, discriminatorios o sexistas, el lenguaje malsonante o el uso de drogas. Cada juego que se acoge al sistema Pegi está obligado a mostrar de forma visible esas etiquetas en el frontal y la parte trasera de la carátula.
Si el código existe, ¿dónde está el fallo? La mayor parte de las veces es algo tan sencillo como que el comprador pasa olímpicamente de leer las etiquetas cuando compra un videojuego. El propio significado del término (vídeo-juego) evoca un producto lúdico destinado al público infantil y muchos padres aún creen ‘ceporramente’ en la leyenda urbana de que los videojuegos son juguetes y todos son aptos para menores, lo que es un craso error. Eso cuando no se aplica aquel viejo refrán castellano de ‘ojos que no ven, corazón que no siente’ y se permite a los menores comprar juegos sin supervisión. El fenómeno también se aplica a otras formas de entretenimiento. Hoy en día es perfectamente normal ver a papás y mamás acudir al cine con sus retoños para ver películas clasificadas como aptas sólo para mayores de 16 o 18 años. Y más de la mitad de las producciones de Hollywood entran dentro de esta categoría.
Igualmente, en grandes almacenes y videoclubes es perfectamente posible adquirir películas tan poco recomendables para una mente en formación como ‘Hostel’, ‘Holocausto caníbal’ o ‘Kill Bill’. Y si el menor no encuentra a un irresponsable que le venda el juego siempre puede comprarlo en el top manta o descargarlo de Internet. Asumiendo como probada la relación directa entre las conductas violentas en menores y adolescentes y el consumo indiscriminado de juegos o películas de contenido violento, no se entiende la pasividad de muchos padres a la hora de preocuparse por la salud mental de sus retoños. Prohibir la venta de determinados videojuegos no parece una solución al problema ya que animará a los menores a hacerse con el producto vetado por pura curiosidad.Sólo la educación y la supervisión por parte de los adultos podría ser efectiva. Y para eso primero hay que conseguir que los adultos dejen de comportarse como niños y recurran a la manida opción de la pataleta cuando ven que el plato ya se ha roto y no tiene solución.

"RULE OF ROSE"

Otros videojuegos violentos

CALL OF DUTY2

GOD OF WAR

HALF- LIFE 2

Aumentan las denuncias de padres a hijos por agresiones y malos tratos psíquicos

El pasado lunes una mujer presentó su caso ante la Guardia Civil de La Carolina por maltrato de un menor de 14 años, y otra en Torredelcampo por violencia psíquica
J. E. POVEDA/JAÉN
La mujer llegó al cuartel de la Guardia Civil de La Carolina a las siete y media de la tarde del lunes. Dijo que iba a hacer una denuncia. Y pasó a relatar los golpes y malos tratos que sufría a manos de su propio hijo. El menor, que ha sido puesto a disposición de la Fiscalía por el Instituto Armado, sólo tiene 14 años. Media hora antes se había repetido una escena similar en Torredelcampo. También en el cuartel de la Guardia Civil. La madre de A.A.M. denunció que era víctima de una tortura psicológica por parte de su hijo, hasta el punto de pedir ayuda a las autoridades. En la denuncia no constan golpes ni agresiones. Sólo malos tratos psíquicos. No es normal que en un sólo día se recojan dos denuncias de este tipo. Denuncias que, por otra parte, no son para nada inusuales sino que van en aumento en los últimos años.

Según datos provisionales de Fiscalía hay constancia de que en el último año se incoaron diligencias por al menos 125 denuncias de violencia en el ámbito familiar protagonizadas por menores. El año anterior el contador de la estadística se paró en 117. Continúa así la escalada iniciada en 2004, cuando se contabilizaron 97.

Un gran número de las denuncias procede de padres avasallados por hijos adolescentes. La Fiscalía de Menores de Jaén ya alertó el año pasado del incremento de los delitos de violencia de género protagonizados por agresores de menos de 18 años. En un año (2005) se incoaron 97 diligencias que dieron lugar a 24 expedientes de reforma con medidas correctoras para los menores. El año pasado, según datos de la delegación provincial de Justicia, fueron 38 casos.

Entre los denunciantes, hay un buen número que son mayores de 65. La Red Internacional para la Prevención del Abuso al Mayor estima que cerca del 5% de las personas mayores de sesenta y cinco años sufren malos tratos en España, lo que se traduce en que, en Jaén, unos 2.000 ancianos son víctimas en estos momentos de agresiones, insultos o dejadez de funciones en su cuidado.

Los fiscales también constatan que las denuncias no siempre se ajustan a la realidad. En su última memoria anual se apunta que las denuncias, habitualmente sobre hechos puntuales, esconden una realidad mucho más estremecedora, «ya que en ocasiones se detecta que el problema es mucho mayor de lo que los padres denuncian y no se ha limitado a un episodio aislado». En Comisaría también constatan que normalmente estas denuncias no se producen sino tras mucho tiempo de aguantar lo insoportable.

sábado, 3 de mayo de 2008

Desarrollo moral en menores infractores

http://www.ehu.es/oscardiaz/Archivos/Desarrollo%20moral%20en%20menores%20infractores.pdf
La delincuencia crece entre los menores en Andalucía y hay que saber qué está pasando


Escrito por Por Andalucía LIbre
jueves, 13 de diciembre de 2007

El número de menores enjuiciados en Andalucía durante el año 2006 ha crecido de manera importante, según los datos que presentó ayer el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que hizo entrega en el Parlamento de su informe sobre menores referente a ese ejercicio. Concretamente, durante 2006 fueron enjuiciados en toda Andalucía un total de 6.619 menores. De ellos, 4.320 tenían entre 16 y 17 años y el resto, 2.299, entre 14 y 15 años. La cifra, extraída de los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial, refleja un importante incremento del número de estos menores que han sido encausados. Concretamente el aumento fue del 18 por ciento, ya que, un año antes, en 2005 hubo en Andalucía un total de 5.604 menores que acabaron de la misma forma. Sevilla, Cádiz y Málaga donde es mayor el número de menores que cometen actos delictivos.
Lea el informe completo de El Defensor del Pueblo de Andalucía, para más información.