Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que en España existen entre 620.000 y 780.000 menores afectados con trastornos del comportamiento y se calcula que hay 1.300.000 con riesgo de padecerlos. Además los profesionales reunidos por la Fundación Internacional O'Belén en relación al IV Congreso Internacional sobre Trastornos del Comportamiento en menores, celebrado en Palma de Mallorca el pasado fin de semana, aportaron diez medidas necesarias para prevenir y responder a las preocupaciones que plantea el "creciente fenómeno de las conductas disruptivas en menores y avanzar así en la solución de un problema social cada vez más acuciante". Asimismo, se dio especial relevancia a las terapias de ayuda para los trastornos de conducta que pueden ser aplicadas en la escuela, el entorno familiar, la salud y los sistemas de protección y justicia.
El presidente de la fundación, Emilio Pinto, señaló que los trastornos del comportamiento en menores "son uno de los mayores problemas que sufre nuestra sociedad, por que requiere una intervención eficaz, urgente y coherente que involucre a todos los agentes sociales y que, de no actuar a tiempo, esto producirá un grave deterioro en nuestro tejido social".
Entre las medidas citadas, se propuso la universalización del acceso gratuito a los servicios públicos de atención especializada en trastornos del comportamiento a todos los menores en riesgo y no sólo a los que están dentro del Sistema de Protección o Reforma; la potenciación del trabajo en red, involucrando a las Administraciones sociales, sanitarias, educativas y judiciales en la búsqueda de respuestas, y la disposición de recursos para el tratamiento de los casos graves y de servicios de consultoría en los casos leves y moderados.
En la misma línea, la organización pidió una investigación cualitativa y cuantitativa en este ámbito que sirva de base de formación y capacitación de quienes están en contacto con el problema, y la realización de cambios necesarios en todos los ámbitos y no sólo en lo que afecta a la protección del menor.
De hecho, indicaron que "sólo grandes cambios sociales pueden modificar la tendencia de crecimiento de los trastornos del comportamiento en España". Asimismo, se promovió la creación de un observatorio de estos trastornos, una plataforma de coordinación, conocimiento y apoyo a las familias y profesionales del sector mediante un teléfono de atención y el soporte informático necesario, involucrando a instituciones públicas y privadas. Además, el organismo apuntó hacia la reflexión y valoración "adecuada" antes de ingresar a los menores en centros de reforma, "al no ser éstos los lugares adecuados para el tratamiento de estos trastornos", y se propuso "la no estigmatización de los menores con diagnósticos alarmantes e inamovibles". Finalmente, se aconsejó el análisis de la intencionalidad de un comportamiento para discernir entre la pertenencia o no a lo patológico, ya que no todos los comportamientos se identifican con un trastorno; y la sensibilización a la sociedad, a través de los medios de comunicación y de las instituciones implicadas.
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