Menores violentos, una epidemia más allá de la familia o la escuela

INFORME `Menores con trastornos de conducta en Andalucía´
El Defensor andaluz detecta un aumento de las conductas violentas · Chamizo alerta del incremento de los comportamientos violentos entre jóvenes, sean patológicos o no y defiende que no existen los medios de intervención adecuados
MATUCHA GARCÍA. MÁLAGA
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, alerta a la sociedad en general y a las administraciones en particular acerca del incremento importante que "parece" estar registrándose de los menores aquejados por algún tipo de trastorno del comportamiento, ya venga éste asociado a algún tipo de patología clínica o no.

Esta es la principal conclusión del último informe laborado por Chamizo y facilitado ayer a la prensa: `Menores con trastornos de conducta en Andalucía´. El documento refleja la recepción de un número importante de quejas que mostraban el desamparo de las familias por la falta de respuesta de los poderes públicos ante esta realidad.

Los menores con trastornos de conducta se han convertido actualmente en un "grave problema social", cuyas consecuencias trascienden a las propias familias, para recaer también sobre el vecindario, la escuela, el sistema sanitario o, incluso, los tribunales de justicia, dice el defensor.
Según Chamizo se trata además de un problema que rompe las tradicionales barreras sociales para afectar a familias de todas las capas y estratos sociales.

El continuo aumento de menores inculpados por delitos de violencia en el ámbito familiar, el incremento "significativo" de las condenas a este sector de la población por delitos "graves" contra las personas y las cosas empleando una "violencia excesiva e innecesaria" y la subida de las sentencias por casos de acoso o violencia escolar es el marco que presenta actualmente la sociedad.

Más delitos. El Defensor del Pueblo Andaluz cita además actitudes antisociales de menores en grupos y el aumento de los jóvenes con comportamientos disruptivos en el aula con grados significativos de reincidencia. Chamizo cree "preocupante", asimismo, el incremento del número de casos en que estos menores presentan conductas especialmente violentas o agresivas.

El ámbito social también arroja datos que alertan del aumento de situaciones conflictivas en el ámbito social y familiar y de pandillas de jóvenes violentos que atacan, roban o intimidan a otros menores o a adultos.

En definitiva, Chamizo determina que parece evidente que estos datos reflejan un incremento de los comportamientos antisociales protagonizados por menores y que son cuanto menos indiciarios de que puede haberse incrementado el número de menores con trastornos de conducta, ya que éstos son comportamientos típicos en menores aquejados de este tipo de problemas conductuales, reza el documento.

"Pero es que, además, existen una serie de datos que sí contemplan específicamente la variable del trastorno de conducta del menor y que nos llevan a concluir que, efectivamente, la presencia de este problema se está incrementando en nuestra sociedad", resalta.

Según el informe, en Andalucía 664 niños tienen necesidades educativas especiales asociadas a trastornos graves de conducta. Málaga, con 139, es la segunda provincia de la región en estos casos, por detrás de Sevilla, que contabiliza 220 alumnos.

Chamizo concluye que existen deficiencias y carencias en los procesos de atención temprana de estos trastornos, motivadas por la falta de medios y la "deficiente" organización y preparación de los recursos públicos que deberían asumir la labor de detección del problema, especialmente en lo que se refiere a los servicios sanitarios.

En este punto, reclama además la necesidad de que efectúen diagnósticos integrados en los que, además de los aspectos estrictamente sanitarios, se contemplen todos los condicionantes familiares, educativos y sociales que inciden en la valoración del trastorno que padece el menor.

También resalta igualmente carencias en los servicios educativos y sociales, demandando que se complete la red de recursos. Pide además que se elabore un plan de intervención entre las diferentes administraciones en este sentido. OM


Uno de cada cien adolescentes sufre trastornos de conducta, según Chamizo

A.F.C.
SEVILLA. Padres que literalmente no pueden con sus hijos, que incluso son víctimas de su violencia verbal y física; profesores que se encuentran impotentes para educar e incluso soportar a ciertos chicos; centros escolares que no saben como enfrentarse al problema de alumnos violentos y antisociales; menores víctimas de acoso o de violencia escolar, Estas quejas vienen llegando hace ya tiempo a las manos de José Chamizo, en su calidad de Defensor del Menor, sólo que en los últimos tiempos han pasado a ser alarmantemente numerosas. Unas 300 calcula el Defensor que tiene en sus manos. Pero esas quejas son sólo la punta del iceberg de un problema que Chamizo calcula que afecta a uno de cada 100 menores de entre 12 y 16 años.

El Defensor del Menor presentó ayer a la presidenta del Parlamento andaluz un informe especial que alerta del espectacular incremento de estos trastornos de conducta entre los menores y sobre el hecho de que no se está hablando de adolescencias difíciles, ni de problemas sociales entre niños de clases marginales. Se trata de un hecho más grave, de conductas antisociales, que pueden ser producto de una enfermedad mental, o que al menos denotan un trastorno del comportamiento en sentido patológico, y que además se produce sin motivo social o familiar aparente. Es decir en el seno de familias normalizadas en el sentido de «no desestructuradas» y de todos los sectores económicos.

«Los menores con trastornos de conducta se han convertido ya en un grave problema social que trasciende a la familia para recaer también sobre el vecindario, la escuela, el sistema sanitario e incluso los tribunales de Justicia», denuncia el Defensor del Menor.

Chamizo acompaña estas manifestaciones con datos que avalan el importante incremento «de los menores aquejados por algún tipo de trastorno del comportamiento ya venga este asociado con una patología clínica o no». Estos datos los aportan los juzgados de menores que recogen un continuo aumento de casos en que aparecen menores inculpados por delitos de violencia en el ámbito familiar y muchos de ellos por agresiones a sus familiares más directos. También los aportan los numerosos estudios sobre violencia escolar que destacan el incremento de «conductas especialmente violentas y agresivas». Asimismo, los Servicios Sociales denuncian cada vez más la existencia de situaciones conflictivas protagonizadas por «menores antisociales»

El informe de Chamizo no sólo pone el problema sobre la mesa de la presidenta del Parlamento y a la vista de la sociedad sino que denuncia el hecho de que a pesar de el problema viene creciendo hace ya tiempo no ha habido una respuesta por parte de los poderes públicos.

Chamizo reclama en este sentido a la Administración que actúe de forma coordinada para facilitar la detección del problema y sobre todo que se arbitre dentro del sistema de Salud un circuito socioeducativo para estos menores, para que no se queden sin diagnosticar como ocurre ahora.

Familias desamparadas

Así, Chamizo destaca el «desamparo de las familias» que se enfrentan a este problema porque no encuentran respuesta ni en la asistencia social ni en la sanitaria ni tampoco recursos educativos para sus hijos que muchas veces son simplemente expulsados o trasladados de centro.

El Defensor destacó como dato positivo que Asuntos Sociales tenga 12 centros concertados para menores con trastornos de conducta, pero critica que a estos centros sólo puedan acudir los menores tutelados por la propia Junta de forma que no están disponibles para los que sí tienen una familia aunque se les recomiende el internamiento. Además, Chamizo opina que estos centros deberían depender de Salud Mental y no de Asuntos Sociales para asegurar así el correcto diagnóstico y un tratamiento de los menores que son derivados a ellos. abc