Menores violentos, una epidemia más allá de la familia o la escuela
INFORME `Menores con trastornos de conducta en Andalucía´
El Defensor andaluz detecta un aumento de las conductas violentas · Chamizo alerta del incremento de los comportamientos violentos entre jóvenes, sean patológicos o no y defiende que no existen los medios de intervención adecuados
MATUCHA GARCÍA. MÁLAGA
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, alerta a la sociedad en general y a las administraciones en particular acerca del incremento importante que "parece" estar registrándose de los menores aquejados por algún tipo de trastorno del comportamiento, ya venga éste asociado a algún tipo de patología clínica o no.
Esta es la principal conclusión del último informe laborado por Chamizo y facilitado ayer a la prensa: `Menores con trastornos de conducta en Andalucía´. El documento refleja la recepción de un número importante de quejas que mostraban el desamparo de las familias por la falta de respuesta de los poderes públicos ante esta realidad.
Los menores con trastornos de conducta se han convertido actualmente en un "grave problema social", cuyas consecuencias trascienden a las propias familias, para recaer también sobre el vecindario, la escuela, el sistema sanitario o, incluso, los tribunales de justicia, dice el defensor.
Según Chamizo se trata además de un problema que rompe las tradicionales barreras sociales para afectar a familias de todas las capas y estratos sociales.
El continuo aumento de menores inculpados por delitos de violencia en el ámbito familiar, el incremento "significativo" de las condenas a este sector de la población por delitos "graves" contra las personas y las cosas empleando una "violencia excesiva e innecesaria" y la subida de las sentencias por casos de acoso o violencia escolar es el marco que presenta actualmente la sociedad.
Más delitos. El Defensor del Pueblo Andaluz cita además actitudes antisociales de menores en grupos y el aumento de los jóvenes con comportamientos disruptivos en el aula con grados significativos de reincidencia. Chamizo cree "preocupante", asimismo, el incremento del número de casos en que estos menores presentan conductas especialmente violentas o agresivas.
El ámbito social también arroja datos que alertan del aumento de situaciones conflictivas en el ámbito social y familiar y de pandillas de jóvenes violentos que atacan, roban o intimidan a otros menores o a adultos.
En definitiva, Chamizo determina que parece evidente que estos datos reflejan un incremento de los comportamientos antisociales protagonizados por menores y que son cuanto menos indiciarios de que puede haberse incrementado el número de menores con trastornos de conducta, ya que éstos son comportamientos típicos en menores aquejados de este tipo de problemas conductuales, reza el documento.
"Pero es que, además, existen una serie de datos que sí contemplan específicamente la variable del trastorno de conducta del menor y que nos llevan a concluir que, efectivamente, la presencia de este problema se está incrementando en nuestra sociedad", resalta.
Según el informe, en Andalucía 664 niños tienen necesidades educativas especiales asociadas a trastornos graves de conducta. Málaga, con 139, es la segunda provincia de la región en estos casos, por detrás de Sevilla, que contabiliza 220 alumnos.
Chamizo concluye que existen deficiencias y carencias en los procesos de atención temprana de estos trastornos, motivadas por la falta de medios y la "deficiente" organización y preparación de los recursos públicos que deberían asumir la labor de detección del problema, especialmente en lo que se refiere a los servicios sanitarios.
En este punto, reclama además la necesidad de que efectúen diagnósticos integrados en los que, además de los aspectos estrictamente sanitarios, se contemplen todos los condicionantes familiares, educativos y sociales que inciden en la valoración del trastorno que padece el menor.
También resalta igualmente carencias en los servicios educativos y sociales, demandando que se complete la red de recursos. Pide además que se elabore un plan de intervención entre las diferentes administraciones en este sentido. OM
Uno de cada cien adolescentes sufre trastornos de conducta, según Chamizo
A.F.C.
SEVILLA. Padres que literalmente no pueden con sus hijos, que incluso son víctimas de su violencia verbal y física; profesores que se encuentran impotentes para educar e incluso soportar a ciertos chicos; centros escolares que no saben como enfrentarse al problema de alumnos violentos y antisociales; menores víctimas de acoso o de violencia escolar, Estas quejas vienen llegando hace ya tiempo a las manos de José Chamizo, en su calidad de Defensor del Menor, sólo que en los últimos tiempos han pasado a ser alarmantemente numerosas. Unas 300 calcula el Defensor que tiene en sus manos. Pero esas quejas son sólo la punta del iceberg de un problema que Chamizo calcula que afecta a uno de cada 100 menores de entre 12 y 16 años.
El Defensor del Menor presentó ayer a la presidenta del Parlamento andaluz un informe especial que alerta del espectacular incremento de estos trastornos de conducta entre los menores y sobre el hecho de que no se está hablando de adolescencias difíciles, ni de problemas sociales entre niños de clases marginales. Se trata de un hecho más grave, de conductas antisociales, que pueden ser producto de una enfermedad mental, o que al menos denotan un trastorno del comportamiento en sentido patológico, y que además se produce sin motivo social o familiar aparente. Es decir en el seno de familias normalizadas en el sentido de «no desestructuradas» y de todos los sectores económicos.
«Los menores con trastornos de conducta se han convertido ya en un grave problema social que trasciende a la familia para recaer también sobre el vecindario, la escuela, el sistema sanitario e incluso los tribunales de Justicia», denuncia el Defensor del Menor.
Chamizo acompaña estas manifestaciones con datos que avalan el importante incremento «de los menores aquejados por algún tipo de trastorno del comportamiento ya venga este asociado con una patología clínica o no». Estos datos los aportan los juzgados de menores que recogen un continuo aumento de casos en que aparecen menores inculpados por delitos de violencia en el ámbito familiar y muchos de ellos por agresiones a sus familiares más directos. También los aportan los numerosos estudios sobre violencia escolar que destacan el incremento de «conductas especialmente violentas y agresivas». Asimismo, los Servicios Sociales denuncian cada vez más la existencia de situaciones conflictivas protagonizadas por «menores antisociales»
El informe de Chamizo no sólo pone el problema sobre la mesa de la presidenta del Parlamento y a la vista de la sociedad sino que denuncia el hecho de que a pesar de el problema viene creciendo hace ya tiempo no ha habido una respuesta por parte de los poderes públicos.
Chamizo reclama en este sentido a la Administración que actúe de forma coordinada para facilitar la detección del problema y sobre todo que se arbitre dentro del sistema de Salud un circuito socioeducativo para estos menores, para que no se queden sin diagnosticar como ocurre ahora.
Familias desamparadas
Así, Chamizo destaca el «desamparo de las familias» que se enfrentan a este problema porque no encuentran respuesta ni en la asistencia social ni en la sanitaria ni tampoco recursos educativos para sus hijos que muchas veces son simplemente expulsados o trasladados de centro.
El Defensor destacó como dato positivo que Asuntos Sociales tenga 12 centros concertados para menores con trastornos de conducta, pero critica que a estos centros sólo puedan acudir los menores tutelados por la propia Junta de forma que no están disponibles para los que sí tienen una familia aunque se les recomiende el internamiento. Además, Chamizo opina que estos centros deberían depender de Salud Mental y no de Asuntos Sociales para asegurar así el correcto diagnóstico y un tratamiento de los menores que son derivados a ellos. abc
sábado, 10 de mayo de 2008
Juegos peligrosos
La Unión Europea cambiará la legislación para adoptar medidas penales contra la venta de videojuegos violentos a menores
CARLOS ZAHUMENSZKY/ EL COMERCIO DIGITAL 4-2-2007
Ocurre con una periodicidad más o menos anual. De repente, un papá o mamá de pro se pasea por la habitación de los niños y descubre, con honda consternación, que sus retoños están jugando a una salvajada de videojuego donde abunda la casquería, el lenguaje soez y los tratamientos vejatorios. Cuando coincide que el horrorizado progenitor es, además, un miembro importante de la comunidad, no tarda en generarse una ola de reacciones en las altas esferas. Políticos, psicólogos, periodistas y mentes bienpensantes se rasgan las vestiduras mientras debaten la necesidad de prohibir esta corrupta y escandalosa forma de entretenimiento tan tristemente propia de los tiempos que corren.
La más reciente reacción condenatoria de los videojuegos se produjo en el último Consejo informal de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, celebrado en la ciudad alemana de Dresde. La voz de alarma la dio la salida al mercado, en noviembre pasado, de un videojuego llamado ‘Rule of Rose’, en el que se muestran todo tipo de ritos de extrema crueldad realizados por una sociedad secreta de tiernos infantes en un orfanato.
El juego, de terror y calificado para mayores de 16 años, ha sido prohibido en Gran Bretaña y su venta se ha retrasado ’sine die’ en España. Ese mismo mes, un alumno de instituto de Renania del Norte-Westfalia, al oeste de Alemania, entró armado hasta los dientes en su centro escolar hiriendo a 37 personas. El joven, fanático de los videojuegos y las armas de fuego, se atrincheró en el centro y se suicidó antes de ser apresado por la Policía.
A propósito de tan macabros sucesos, los ministros de Justicia de la UE se han puesto manos a la obra para tomar medidas contra la difusión de juegos de contenido violento. El comisario europeo de Justicia, Seguridad y Libertades, Franco Frattini, anunció que la Unión Europea pondrá en marcha una fuerte ofensiva contra los juegos de carácter violento ante la falta de control en la venta de este tipo de artículos a menores. Una de las primeras medidas, que verá la luz en este semestre, consistirá en la confección de una lista negra de títulos que sirva de guía a los estados miembros para prohibir la venta de determinados juegos. Frattini admitió la imposibilidad de establecer una prohibición general para toda la UE y puntualizó que la decisión última sobre qué títulos prohibir corresponde al gobierno de cada país.
Penalizar la venta
Durante el encuentro, se proyectaron imágenes de varios videojuegos que fueron tachadas de «espeluznantes» por Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia español. Aguilar explicó que la reunión sirvió para crear un grupo de trabajo. La comisión tendrá como objetivo homogeneizar las distintas legislaciones de cada país y buscar instrumentos que permitan la represión penal de la venta de videojuegos que inciten a la violencia.
Uno de los principales problemas de este tipo de productos es que no existe un sistema de control por el que se garantice que las tiendas no venden juegos inapropiados a menores de edad. Franco Fratini manifestó la necesidad de crear un mecanismo de control que se traduzca en sanciones penales contra los vendedores en caso necesario.
Las tiendas de videojuegos no son, a juicio de los responsables de la UE, las únicas culpables en el asunto. La mayor parte de los juegos que salen al mercado se difunden también (legal o ilegalmente) a través de Internet y la red de redes es bastante más difícil de controlar. En palabras de la ministra alemana de Justicia, Brigitte Zypries, «es como prohibir la lluvia». La difusión de un juego violento a través de Internet puede frenarse si su origen está en la UE, pero nada puede hacerse si el servidor en que se encuentra se halla fuera del marco legal europeo. Zypries destacó que la legislación actual es suficiente, pero que no se aplica con el suficiente rigor.La titular alemana de Justicia no andaba descaminada porque, en realidad, sí existe una normativa paneuropea. Actualmente, los videojuegos están sujetos a un código de regulación tan estricto que ya lo quisiera para sí la industria del cine. Se trata del sistema ‘Pan European Game Information’ o Pegi. El código ha sido desarrollado por la Federación Europea de Software Interactivo en colaboración con el Instituto de Clasificación de Material Audiovisual de Holanda (Nicam). El sistema se utiliza en 27 países de Europa y, aunque no es obligatorio, se someten a él todos los principales desarrolladores de videojuegos de dentro y fuera de la UE. En España, lo usan todas las compañías adscritas a la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento.
Pegi clasifica cada juego en un rango de edades recomendadas que van desde los 3 a los 18 años. Además, el código obliga a mostrar, en caso necesario, varias etiquetas informativas sobre el tipo de contenidos que se pueden encontrar en el juego. Entre esas etiquetas se incluyen las que avisan de contenidos violentos, discriminatorios o sexistas, el lenguaje malsonante o el uso de drogas. Cada juego que se acoge al sistema Pegi está obligado a mostrar de forma visible esas etiquetas en el frontal y la parte trasera de la carátula.
Si el código existe, ¿dónde está el fallo? La mayor parte de las veces es algo tan sencillo como que el comprador pasa olímpicamente de leer las etiquetas cuando compra un videojuego. El propio significado del término (vídeo-juego) evoca un producto lúdico destinado al público infantil y muchos padres aún creen ‘ceporramente’ en la leyenda urbana de que los videojuegos son juguetes y todos son aptos para menores, lo que es un craso error. Eso cuando no se aplica aquel viejo refrán castellano de ‘ojos que no ven, corazón que no siente’ y se permite a los menores comprar juegos sin supervisión. El fenómeno también se aplica a otras formas de entretenimiento. Hoy en día es perfectamente normal ver a papás y mamás acudir al cine con sus retoños para ver películas clasificadas como aptas sólo para mayores de 16 o 18 años. Y más de la mitad de las producciones de Hollywood entran dentro de esta categoría.
Igualmente, en grandes almacenes y videoclubes es perfectamente posible adquirir películas tan poco recomendables para una mente en formación como ‘Hostel’, ‘Holocausto caníbal’ o ‘Kill Bill’. Y si el menor no encuentra a un irresponsable que le venda el juego siempre puede comprarlo en el top manta o descargarlo de Internet. Asumiendo como probada la relación directa entre las conductas violentas en menores y adolescentes y el consumo indiscriminado de juegos o películas de contenido violento, no se entiende la pasividad de muchos padres a la hora de preocuparse por la salud mental de sus retoños. Prohibir la venta de determinados videojuegos no parece una solución al problema ya que animará a los menores a hacerse con el producto vetado por pura curiosidad.Sólo la educación y la supervisión por parte de los adultos podría ser efectiva. Y para eso primero hay que conseguir que los adultos dejen de comportarse como niños y recurran a la manida opción de la pataleta cuando ven que el plato ya se ha roto y no tiene solución.
CARLOS ZAHUMENSZKY/ EL COMERCIO DIGITAL 4-2-2007
Ocurre con una periodicidad más o menos anual. De repente, un papá o mamá de pro se pasea por la habitación de los niños y descubre, con honda consternación, que sus retoños están jugando a una salvajada de videojuego donde abunda la casquería, el lenguaje soez y los tratamientos vejatorios. Cuando coincide que el horrorizado progenitor es, además, un miembro importante de la comunidad, no tarda en generarse una ola de reacciones en las altas esferas. Políticos, psicólogos, periodistas y mentes bienpensantes se rasgan las vestiduras mientras debaten la necesidad de prohibir esta corrupta y escandalosa forma de entretenimiento tan tristemente propia de los tiempos que corren.
La más reciente reacción condenatoria de los videojuegos se produjo en el último Consejo informal de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, celebrado en la ciudad alemana de Dresde. La voz de alarma la dio la salida al mercado, en noviembre pasado, de un videojuego llamado ‘Rule of Rose’, en el que se muestran todo tipo de ritos de extrema crueldad realizados por una sociedad secreta de tiernos infantes en un orfanato.
El juego, de terror y calificado para mayores de 16 años, ha sido prohibido en Gran Bretaña y su venta se ha retrasado ’sine die’ en España. Ese mismo mes, un alumno de instituto de Renania del Norte-Westfalia, al oeste de Alemania, entró armado hasta los dientes en su centro escolar hiriendo a 37 personas. El joven, fanático de los videojuegos y las armas de fuego, se atrincheró en el centro y se suicidó antes de ser apresado por la Policía.
A propósito de tan macabros sucesos, los ministros de Justicia de la UE se han puesto manos a la obra para tomar medidas contra la difusión de juegos de contenido violento. El comisario europeo de Justicia, Seguridad y Libertades, Franco Frattini, anunció que la Unión Europea pondrá en marcha una fuerte ofensiva contra los juegos de carácter violento ante la falta de control en la venta de este tipo de artículos a menores. Una de las primeras medidas, que verá la luz en este semestre, consistirá en la confección de una lista negra de títulos que sirva de guía a los estados miembros para prohibir la venta de determinados juegos. Frattini admitió la imposibilidad de establecer una prohibición general para toda la UE y puntualizó que la decisión última sobre qué títulos prohibir corresponde al gobierno de cada país.
Penalizar la venta
Durante el encuentro, se proyectaron imágenes de varios videojuegos que fueron tachadas de «espeluznantes» por Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia español. Aguilar explicó que la reunión sirvió para crear un grupo de trabajo. La comisión tendrá como objetivo homogeneizar las distintas legislaciones de cada país y buscar instrumentos que permitan la represión penal de la venta de videojuegos que inciten a la violencia.
Uno de los principales problemas de este tipo de productos es que no existe un sistema de control por el que se garantice que las tiendas no venden juegos inapropiados a menores de edad. Franco Fratini manifestó la necesidad de crear un mecanismo de control que se traduzca en sanciones penales contra los vendedores en caso necesario.
Las tiendas de videojuegos no son, a juicio de los responsables de la UE, las únicas culpables en el asunto. La mayor parte de los juegos que salen al mercado se difunden también (legal o ilegalmente) a través de Internet y la red de redes es bastante más difícil de controlar. En palabras de la ministra alemana de Justicia, Brigitte Zypries, «es como prohibir la lluvia». La difusión de un juego violento a través de Internet puede frenarse si su origen está en la UE, pero nada puede hacerse si el servidor en que se encuentra se halla fuera del marco legal europeo. Zypries destacó que la legislación actual es suficiente, pero que no se aplica con el suficiente rigor.La titular alemana de Justicia no andaba descaminada porque, en realidad, sí existe una normativa paneuropea. Actualmente, los videojuegos están sujetos a un código de regulación tan estricto que ya lo quisiera para sí la industria del cine. Se trata del sistema ‘Pan European Game Information’ o Pegi. El código ha sido desarrollado por la Federación Europea de Software Interactivo en colaboración con el Instituto de Clasificación de Material Audiovisual de Holanda (Nicam). El sistema se utiliza en 27 países de Europa y, aunque no es obligatorio, se someten a él todos los principales desarrolladores de videojuegos de dentro y fuera de la UE. En España, lo usan todas las compañías adscritas a la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento.
Pegi clasifica cada juego en un rango de edades recomendadas que van desde los 3 a los 18 años. Además, el código obliga a mostrar, en caso necesario, varias etiquetas informativas sobre el tipo de contenidos que se pueden encontrar en el juego. Entre esas etiquetas se incluyen las que avisan de contenidos violentos, discriminatorios o sexistas, el lenguaje malsonante o el uso de drogas. Cada juego que se acoge al sistema Pegi está obligado a mostrar de forma visible esas etiquetas en el frontal y la parte trasera de la carátula.
Si el código existe, ¿dónde está el fallo? La mayor parte de las veces es algo tan sencillo como que el comprador pasa olímpicamente de leer las etiquetas cuando compra un videojuego. El propio significado del término (vídeo-juego) evoca un producto lúdico destinado al público infantil y muchos padres aún creen ‘ceporramente’ en la leyenda urbana de que los videojuegos son juguetes y todos son aptos para menores, lo que es un craso error. Eso cuando no se aplica aquel viejo refrán castellano de ‘ojos que no ven, corazón que no siente’ y se permite a los menores comprar juegos sin supervisión. El fenómeno también se aplica a otras formas de entretenimiento. Hoy en día es perfectamente normal ver a papás y mamás acudir al cine con sus retoños para ver películas clasificadas como aptas sólo para mayores de 16 o 18 años. Y más de la mitad de las producciones de Hollywood entran dentro de esta categoría.
Igualmente, en grandes almacenes y videoclubes es perfectamente posible adquirir películas tan poco recomendables para una mente en formación como ‘Hostel’, ‘Holocausto caníbal’ o ‘Kill Bill’. Y si el menor no encuentra a un irresponsable que le venda el juego siempre puede comprarlo en el top manta o descargarlo de Internet. Asumiendo como probada la relación directa entre las conductas violentas en menores y adolescentes y el consumo indiscriminado de juegos o películas de contenido violento, no se entiende la pasividad de muchos padres a la hora de preocuparse por la salud mental de sus retoños. Prohibir la venta de determinados videojuegos no parece una solución al problema ya que animará a los menores a hacerse con el producto vetado por pura curiosidad.Sólo la educación y la supervisión por parte de los adultos podría ser efectiva. Y para eso primero hay que conseguir que los adultos dejen de comportarse como niños y recurran a la manida opción de la pataleta cuando ven que el plato ya se ha roto y no tiene solución.
Aumentan las denuncias de padres a hijos por agresiones y malos tratos psíquicos
El pasado lunes una mujer presentó su caso ante la Guardia Civil de La Carolina por maltrato de un menor de 14 años, y otra en Torredelcampo por violencia psíquica
J. E. POVEDA/JAÉN
La mujer llegó al cuartel de la Guardia Civil de La Carolina a las siete y media de la tarde del lunes. Dijo que iba a hacer una denuncia. Y pasó a relatar los golpes y malos tratos que sufría a manos de su propio hijo. El menor, que ha sido puesto a disposición de la Fiscalía por el Instituto Armado, sólo tiene 14 años. Media hora antes se había repetido una escena similar en Torredelcampo. También en el cuartel de la Guardia Civil. La madre de A.A.M. denunció que era víctima de una tortura psicológica por parte de su hijo, hasta el punto de pedir ayuda a las autoridades. En la denuncia no constan golpes ni agresiones. Sólo malos tratos psíquicos. No es normal que en un sólo día se recojan dos denuncias de este tipo. Denuncias que, por otra parte, no son para nada inusuales sino que van en aumento en los últimos años.
Según datos provisionales de Fiscalía hay constancia de que en el último año se incoaron diligencias por al menos 125 denuncias de violencia en el ámbito familiar protagonizadas por menores. El año anterior el contador de la estadística se paró en 117. Continúa así la escalada iniciada en 2004, cuando se contabilizaron 97.
Un gran número de las denuncias procede de padres avasallados por hijos adolescentes. La Fiscalía de Menores de Jaén ya alertó el año pasado del incremento de los delitos de violencia de género protagonizados por agresores de menos de 18 años. En un año (2005) se incoaron 97 diligencias que dieron lugar a 24 expedientes de reforma con medidas correctoras para los menores. El año pasado, según datos de la delegación provincial de Justicia, fueron 38 casos.
Entre los denunciantes, hay un buen número que son mayores de 65. La Red Internacional para la Prevención del Abuso al Mayor estima que cerca del 5% de las personas mayores de sesenta y cinco años sufren malos tratos en España, lo que se traduce en que, en Jaén, unos 2.000 ancianos son víctimas en estos momentos de agresiones, insultos o dejadez de funciones en su cuidado.
Los fiscales también constatan que las denuncias no siempre se ajustan a la realidad. En su última memoria anual se apunta que las denuncias, habitualmente sobre hechos puntuales, esconden una realidad mucho más estremecedora, «ya que en ocasiones se detecta que el problema es mucho mayor de lo que los padres denuncian y no se ha limitado a un episodio aislado». En Comisaría también constatan que normalmente estas denuncias no se producen sino tras mucho tiempo de aguantar lo insoportable.
J. E. POVEDA/JAÉN
La mujer llegó al cuartel de la Guardia Civil de La Carolina a las siete y media de la tarde del lunes. Dijo que iba a hacer una denuncia. Y pasó a relatar los golpes y malos tratos que sufría a manos de su propio hijo. El menor, que ha sido puesto a disposición de la Fiscalía por el Instituto Armado, sólo tiene 14 años. Media hora antes se había repetido una escena similar en Torredelcampo. También en el cuartel de la Guardia Civil. La madre de A.A.M. denunció que era víctima de una tortura psicológica por parte de su hijo, hasta el punto de pedir ayuda a las autoridades. En la denuncia no constan golpes ni agresiones. Sólo malos tratos psíquicos. No es normal que en un sólo día se recojan dos denuncias de este tipo. Denuncias que, por otra parte, no son para nada inusuales sino que van en aumento en los últimos años.
Según datos provisionales de Fiscalía hay constancia de que en el último año se incoaron diligencias por al menos 125 denuncias de violencia en el ámbito familiar protagonizadas por menores. El año anterior el contador de la estadística se paró en 117. Continúa así la escalada iniciada en 2004, cuando se contabilizaron 97.
Un gran número de las denuncias procede de padres avasallados por hijos adolescentes. La Fiscalía de Menores de Jaén ya alertó el año pasado del incremento de los delitos de violencia de género protagonizados por agresores de menos de 18 años. En un año (2005) se incoaron 97 diligencias que dieron lugar a 24 expedientes de reforma con medidas correctoras para los menores. El año pasado, según datos de la delegación provincial de Justicia, fueron 38 casos.
Entre los denunciantes, hay un buen número que son mayores de 65. La Red Internacional para la Prevención del Abuso al Mayor estima que cerca del 5% de las personas mayores de sesenta y cinco años sufren malos tratos en España, lo que se traduce en que, en Jaén, unos 2.000 ancianos son víctimas en estos momentos de agresiones, insultos o dejadez de funciones en su cuidado.
Los fiscales también constatan que las denuncias no siempre se ajustan a la realidad. En su última memoria anual se apunta que las denuncias, habitualmente sobre hechos puntuales, esconden una realidad mucho más estremecedora, «ya que en ocasiones se detecta que el problema es mucho mayor de lo que los padres denuncian y no se ha limitado a un episodio aislado». En Comisaría también constatan que normalmente estas denuncias no se producen sino tras mucho tiempo de aguantar lo insoportable.
sábado, 3 de mayo de 2008
La delincuencia crece entre los menores en Andalucía y hay que saber qué está pasando
Escrito por Por Andalucía LIbre
jueves, 13 de diciembre de 2007
El número de menores enjuiciados en Andalucía durante el año 2006 ha crecido de manera importante, según los datos que presentó ayer el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que hizo entrega en el Parlamento de su informe sobre menores referente a ese ejercicio. Concretamente, durante 2006 fueron enjuiciados en toda Andalucía un total de 6.619 menores. De ellos, 4.320 tenían entre 16 y 17 años y el resto, 2.299, entre 14 y 15 años. La cifra, extraída de los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial, refleja un importante incremento del número de estos menores que han sido encausados. Concretamente el aumento fue del 18 por ciento, ya que, un año antes, en 2005 hubo en Andalucía un total de 5.604 menores que acabaron de la misma forma. Sevilla, Cádiz y Málaga donde es mayor el número de menores que cometen actos delictivos.
Lea el informe completo de El Defensor del Pueblo de Andalucía, para más información.
Escrito por Por Andalucía LIbre
jueves, 13 de diciembre de 2007
El número de menores enjuiciados en Andalucía durante el año 2006 ha crecido de manera importante, según los datos que presentó ayer el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que hizo entrega en el Parlamento de su informe sobre menores referente a ese ejercicio. Concretamente, durante 2006 fueron enjuiciados en toda Andalucía un total de 6.619 menores. De ellos, 4.320 tenían entre 16 y 17 años y el resto, 2.299, entre 14 y 15 años. La cifra, extraída de los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial, refleja un importante incremento del número de estos menores que han sido encausados. Concretamente el aumento fue del 18 por ciento, ya que, un año antes, en 2005 hubo en Andalucía un total de 5.604 menores que acabaron de la misma forma. Sevilla, Cádiz y Málaga donde es mayor el número de menores que cometen actos delictivos.
Lea el informe completo de El Defensor del Pueblo de Andalucía, para más información.
viernes, 25 de abril de 2008
«Los padres deben saber que aunque sus hijos no paguen por sus actos, ellos sí lo harán» ITSASO ÁLVAREZ
«La sociedad no proporciona facilidades para que los padres eduquen a sus hijos. La falta de tiempo, la adecuación de horarios... dificultan su función educadora», dice un psicólogo. / BERNARDO CORRAL
La agresión se produjo en un cambio de clase. No hubo acoso previo. El chico 'débil', «el típico niño bueno, más bien cortado», contestó a algo que le dijo su agresor. Éste ya había tenido otros altercados en el colegio y esta vez fue expulsado por reaccionar al comentario con un puñetazo; le partió dos dientes al muchacho. «Es un chico normal, de un barrio cualquiera. Vivía con su madre y era algo mayor que su compañero, porque repetía curso», relata Rosario Camino. La letrada que ha defendido durante el proceso al menor agredido evita dar detalles.
Sucedió en noviembre de hace casi cinco años atrás, en un instituto sevillano, que hoy ha cerrado sus aulas y luce reconvertido en centro de profesores. El fallo judicial emitido por la sección quinta de
martes, 22 de abril de 2008
Respuestas y Soluciones de un Informe Especial de la Junta de Andalucía
El Informe Especial incluye un conjunto de propuestas en forma de Recomendaciones y Sugerencias, a través de las cuales se intenta mejorar la respuesta de los poderes públicos andaluces ante el grave problema que actualmente presentan los menores con menores disruptivos. Entre estas propuestas destacamos las siguientes:
Que en el marco de los estudios sobre la salud mental de la población en Andalucía se elabore una investigación que permita conocer los datos básicos sobre la incidencia real del problema de los trastornos conductuales entre los menores andaluces, partiendo de la información existente actualmente en las Administraciones sanitaria, educativa, social y judicial.
Que de forma coordinada entre las diferentes Administraciones implicadas en la materia se elabore un plan de intervención en menores con problemas conductuales, que contemple todas las cuestiones relativas a la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de los menores afectados por estos trastornos.
Que se establezcan procesos formativos específicos destinados a los profesionales sanitarios, educativos y de servicios sociales que posibiliten una mejora en la detección temprana de los menores que padezcan trastornos de conducta.
Que se establezcan acuerdos de coordinación entre las Consejerías de Salud, Igualdad y Bienestar Social y Educación para la creación de equipos conjuntos de profesionales que bajo la dirección del profesional sanitario, tendrán como misión la valoración y diagnóstico de los menores que presenten indicios de padecer algún tipo de trastorno conductual.
Que por la Consejería de Salud se complemente la red de recursos públicos destinados a la intervención con menores afectados por trastornos conductuales de forma que contemplen todas las opciones terapéuticas que puedan precisar estos menores, incluida la creación de centros de atención global (terapéutica, educativa, social) sobre el modelo de comunidades terapéuticas para aquellos adolescentes con trastornos más graves para los cuales no esté indicado ninguno de los recursos actualmente disponibles.
Que en aquellos casos en que el plan de intervención destinado a un menor afectado por un trastorno conductual no implique su ingreso en un recurso específico y el mismo permanezca en su entorno habitual, familiar, educativo y social, se establezca un plan de seguimiento del mismo que incluya la supervisión del tratamiento del menor en los ámbitos educativo y social por parte del profesional sanitario correspondiente.
Que los recursos gestionados por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social para el desarrollo de los programas específicos "graves trastornos de conducta" o "grave discapacidad", pasen a ser incluidos dentro de la red de servicios sanitarios y gestionados por la Consejería de Salud, ofreciéndose los mismos a todos los menores que los precisen, estén o no tutelados por la Administración.
Que los recursos gestionados por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social para el desarrollo del programa específico "graves trastornos del comportamiento" se integren dentro de la red de recursos públicos sanitarios dependiente de la Consejería de Salud, aunque su gestión directa pueda seguir realizándose por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y se ofrezcan los mismos a todos los menores que los precisen, estén o no tutelados por la Administración.
Que en el marco de los estudios sobre la salud mental de la población en Andalucía se elabore una investigación que permita conocer los datos básicos sobre la incidencia real del problema de los trastornos conductuales entre los menores andaluces, partiendo de la información existente actualmente en las Administraciones sanitaria, educativa, social y judicial.
Que de forma coordinada entre las diferentes Administraciones implicadas en la materia se elabore un plan de intervención en menores con problemas conductuales, que contemple todas las cuestiones relativas a la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de los menores afectados por estos trastornos.
Que se establezcan procesos formativos específicos destinados a los profesionales sanitarios, educativos y de servicios sociales que posibiliten una mejora en la detección temprana de los menores que padezcan trastornos de conducta.
Que se establezcan acuerdos de coordinación entre las Consejerías de Salud, Igualdad y Bienestar Social y Educación para la creación de equipos conjuntos de profesionales que bajo la dirección del profesional sanitario, tendrán como misión la valoración y diagnóstico de los menores que presenten indicios de padecer algún tipo de trastorno conductual.
Que por la Consejería de Salud se complemente la red de recursos públicos destinados a la intervención con menores afectados por trastornos conductuales de forma que contemplen todas las opciones terapéuticas que puedan precisar estos menores, incluida la creación de centros de atención global (terapéutica, educativa, social) sobre el modelo de comunidades terapéuticas para aquellos adolescentes con trastornos más graves para los cuales no esté indicado ninguno de los recursos actualmente disponibles.
Que en aquellos casos en que el plan de intervención destinado a un menor afectado por un trastorno conductual no implique su ingreso en un recurso específico y el mismo permanezca en su entorno habitual, familiar, educativo y social, se establezca un plan de seguimiento del mismo que incluya la supervisión del tratamiento del menor en los ámbitos educativo y social por parte del profesional sanitario correspondiente.
Que los recursos gestionados por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social para el desarrollo de los programas específicos "graves trastornos de conducta" o "grave discapacidad", pasen a ser incluidos dentro de la red de servicios sanitarios y gestionados por la Consejería de Salud, ofreciéndose los mismos a todos los menores que los precisen, estén o no tutelados por la Administración.
Que los recursos gestionados por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social para el desarrollo del programa específico "graves trastornos del comportamiento" se integren dentro de la red de recursos públicos sanitarios dependiente de la Consejería de Salud, aunque su gestión directa pueda seguir realizándose por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y se ofrezcan los mismos a todos los menores que los precisen, estén o no tutelados por la Administración.
martes, 8 de abril de 2008
''Los objetores escolares'', pedantemente llamados 'Alumnos de conductas disruptivas
OPINION · LUIS AZCARATE en DDN 29 Nov La extensión de la escolarización obligatoria, establecida por la LOGSE, es el logro más apreciado del progresismo educativo. Sin embargo, tras una década de aplicación, hay que denunciar bien alto que la uniformidad de la enseñanza obligatoria constituye en la práctica una amenaza insalvable para la convivencia escolar.
Un porcentaje nada desdeñable de adolescentes se muestran completamente refractarios a la institución educativa. Sienten el colegio o el instituto como una cárcel, como un campo de concentración en que se les tortura diariamente. En el mejor de los casos reaccionan con la objeción estudiantil: se niegan a aprender. Pero con mucha mayor frecuencia se convierten en enemigos del sistema, y se dedican a boicotear las actividades lectivas, a hostigar a los profesores, a maltratar a los compañeros, a dinamitar la convivencia escolar.
Va siendo hora de que, dejando de lado demagógicos planteamientos igualitaristas, se proceda a diversificar la oferta educativa. Probablemente resultará más cara y compleja que la fantasmagórica «atención a la diversidad» actualmente vigente. Pero hay que intentar que cada alumno encuentre su lugar bajo el sol escolar, sin imponerle por la fuerza un presunto derecho contra el que se rebela abiertamente. Sólo así dejará de ser un potencial activista violento y podrá convertirse en sujeto positivo de convivencia.
La escuela "casa de tocame Roque"
Pero la convivencia en las aulas no podrá afianzarse mientras no se redefina adecuadamente la misión de la institución escolar. De un tiempo a esta parte la escuela se ha convertido en lo que algunos llaman «espacio privilegiado de convivencia» y otros denominan, con más precisión, casa de tócame Roque. En no pocas ocasiones, los centros docentes apenas son otra cosa que guarderías indiscriminadas. Y así nos va. El mismo José Saramago advertía recientemente que la escuela está para «instruir», y que «se ha sustituido de manera errónea la palabra "instrucción" por "educación"», con las funestas consecuencias que todos lamentamos.
Cuando uno va al circo, paga para que le entretengan. Pero si ingresa en un hospital, lo que pide son expertos cirujanos, no cómicos que le cuenten chistes. De igual manera, quien cruza los umbrales de un centro docente, debe tener muy claro que allí se va a aprender, que el aprendizaje es costoso pero liberador, y que la instrucción sólo puede conseguirse en condiciones de tranquilidad, de sosiego y de respeto mutuo. Mientras esto no se tenga en cuenta -y quienes deben comprenderlo antes que nadie son los miembros de la Comisión de Escolarización- el edificio de la convivencia escolar carecerá de cimientos sólidos. + www.diariodenavarra.es
Juzgado de Menores impone a un menor 80 horas de servicios por desorden público y vandalismo
El Juzgado de Menores de Burgos ha impuesto a un menor la realización de 80 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad, al considerarle autor material de un delito de desórdenes públicos y una falta de daños, por su participación en los actos vandálicos de Eladio Perlado el pasado 18 de agosto. El expedientado tendrá que asumir además el pago de las costas procesales causadas.
La juez considera probado que el menor participó en una asamblea vecinal el día de los hechos, contraria al inicio de las obras de construcción del aparcamiento en el Colegio San pablo, y que después se dirigió hacia el perímetro de las obras del citado parking. La sentencia también considera probado que este joven contribuyó al derribo de las vallas de las obras, en el insulto y amenazas que se profirieron contra los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local, y en el corte de tráfico. En el apartado de hechos probados la juez detalla que el grupo en el que se encontraba el acusado volcó varios contenedores de reciclaje y lanzó botellas de cristal y otros objetos contra los agentes, además de incendiar contenedores de basura, una caseta de obra y mobiliario urbano.
La resolución judicial reconoce que el menor pertenece a una familia “normalizada”, compuesta por ambos padres y dos hermanos, con una estructura estable e integrada, “capaz de implantar normas y proporcionar al menor los recursos necesarios para una educación adecuada y de ofrecer apoyos afectivos suficientes”. También considera que este joven participa “escasamente en la dinámica familiar”, y que es “un tanto anormativo en el cumplimiento de horarios”. Según describe la resolución, el menor cuenta con “un notable” retraso escolar, y su comportamiento comienza a ser “disruptivo”, y ha sido expulsado de dos institutos.
La juez concluye que el joven necesita mejorar su autoestima, confiar en sus capacidades y aprender técnicas que le ayuden a controlar su impulsividad, así como que si existe implicación del menor en los hechos “se trataría de algo coyuntural en su repertorio conductual habitual, motivado por la presión del grupo y otros factores situacionales”. Contra esta resolución cabe un recurso de apelación en los cinco días siguientes al de su notificación ante la Audiencia Provincial de Burgos.
Tres jóvenes vejan a un discapacitado y lo difunden en Youtube
JESÚS GARCÍA - Barcelona - 03/04/2008
Jaime Barbero ha padecido humillaciones toda su vida. El hombre, que sufre una disminución psíquica severa y tiene 46 años, sigue recibiendo golpes e insultos de algunos jóvenes de Martorell (Barcelona). Con una diferencia: los tres chicos que le molestaban últimamente se dedicaban, además, a colgar sus fechorías en Youtube, el popular portal de vídeos de Internet. Los jóvenes obligaban a Jaime a romper baldosas con la cabeza, a hacer flexiones y a consumir drogas, mientras grababan la escena con sus móviles. Ahora están detenidos.
La hermana del discapacitado descubrió los vídeos -ocho, en total- y denunció el caso. En las imágenes se observa cómo los chicos ofrecen a Jaime hachís a cambio de que actúe para ellos. Agentes de los Mossos d'Esquadra identificaron a los tres implicados: Sergi S. G., de 22 años, Josep F. C., de 23, y Juan C. M., de 22, todos vecinos de Martorell. Están acusados de delitos contra la integridad moral, la salud pública y de trato vejatorio.
La víctima es muy conocida en el barrio. Trabaja en un centro especial y los fines de semana pasear por la zona.
Periódico El País
lunes, 7 de abril de 2008
El gran padre vigila la red
Una experta en internet presenta una guía sobre los riesgos del ordenador y el móvil en menores y las herramientas de control de que disponen sus progenitores.
PELIGRO EN
«Quizá su hijo nunca buscará intencionadamente ver los senos delicados de una modelo. Pero puede que busque para un trabajo escolar la leyenda de las flores del mar y que se encuentre con una visión nada edificante de la anatomía de Mar Flores. Los niños necesitan ser protegidos del pederasta, del ladrón internacional pero a veces también de sí mismos». La anécdota contada por Juan V. Oltra, ingeniero informático, profesor de universidad y «padre preocupado», prologa el libro 'Técnicas de hacker para padres. Cómo controlar lo que hace tu hijo en el ordenador (Creaciones Copyright, 2008), de Mar Monsoriu Flor, un interesante, oportuno y práctico manual que pone a los padres en alerta sobre los riesgos del uso de internet y los móviles por parte de los menores y les aporta herramientas para protegerles. El peligro de los pederastas acecha en todas partes, pero puede que internet sea la ventana más abierta a todo tipo de riesgos, y no sólo para que dañen a los menores que desconocen aún cierta parte de la sociedad, sino para que ellos mismos no se conviertan en pequeños “delincuentes”.
La preocupación de las madres está más que fundada, en opinión de Monsoriu, experta en internet: «Llevo más de diez años recibiendo llamadas de gente cuyos hijos se han metido en algún lío. Padres que me llaman desesperados sin saber bien qué hacer cuando ven en una web una foto de su hija de 14 años en una pose súper provocativa. Cuando descubren que su niño de 8 años, en el perfil de Messenger, ha puesto información personal y sobre el hogar que puede poner en peligro tanto a él como al resto de su familia. Cuando los hijos reciben amenazas, cuando las menores tienen un cibernovio adulto, cuando los adolescentes se enganchan al ordenador y no hay forma de que se vayan a dormir a una hora razonable, o cuando los niños hacen pagar facturas descomunales de teléfono móvil a sus enfadadísimos padres».
Son sólo unos ejemplos. Hay muchos peligros, es cierto, pero también existen ayudas. En su guía, Monsoriu enseña técnicas de control y vigilancia -«de 'hacker' bueno», lo llama- para: programar el ordenador para que los hijos puedan usarlo sólo en el horario que los padres estimen oportuno, para limitar el tiempo de acceso a internet, decidir qué programas se instalan e impedir que los niños puedan instalar otros sin consentimiento, supervisar las webs que visitan, controlar las relaciones nuevas que los niños y jóvenes establecen en la red, vigilar todo lo que escriben en el Messenger y otros chats, e-mails, foros y blogs, o ver desde cualquier otro ordenador lo que hacen Auténtico espionaje de 'gran padre'.
Los datos anteriores son muy importantes y llamativos, además de para evitar algún tipo de peligro contra sus hijos, también para evitar conductas disruptivas indeseadas de la noche a la mañana. No sólo corren peligro ellos, sino todas aquellas personas queridas que conviven diariamente con el menor.
¿Quién puede poner la mano en el fuego por un hijo que puede aprender de “todo” en esta sociedad donde toda la información acecha las vidas de estos menores?
lunes, 31 de marzo de 2008
LA OTRA HISTORIA DE PEPITO GRILLO
Pepito Grillo tuvo mala suerte,nació en el lugar equivocado en el momento equivocado. Él no lo sabía pero le iban a suceder muchas cosas, una de ellas podrían ser malos tratos, otras delincuencia, también coqueteos con las drogas a edades muy tempranas, demasiadas tempranas, faltaba mucho a clase pero a nadie le importaba, su padre murió hace mucho, su hermano mayor nunca se ocupó de él, demasiado ocupado en su negocio de cannabis y cocaína solo se ocupaba de él para ofrecerle unas caladas, su madre dormía casi todo el día, el estar con 10 hombres por noche cansa mucho. Pepito se hizo mayor, era todo un experto en eso de robar y reirse de las normas sociales.
Un día mientras dormía su madre entro en su cuarto:”Pepito, que han venido a llevarte a un centro de menores”
Pepito Grillo tuvo mala suerte,nació en el lugar equivocado en el momento equivocado. Él no lo sabía pero le iban a suceder muchas cosas, una de ellas podrían ser malos tratos, otras delincuencia, también coqueteos con las drogas a edades muy tempranas, demasiadas tempranas, faltaba mucho a clase pero a nadie le importaba, su padre murió hace mucho, su hermano mayor nunca se ocupó de él, demasiado ocupado en su negocio de cannabis y cocaína solo se ocupaba de él para ofrecerle unas caladas, su madre dormía casi todo el día, el estar con 10 hombres por noche cansa mucho. Pepito se hizo mayor, era todo un experto en eso de robar y reirse de las normas sociales.
Un día mientras dormía su madre entro en su cuarto:”Pepito, que han venido a llevarte a un centro de menores”
Pepito fue separado de su familia, pero Pepito no era consciente de lo que pasaba. En su nueva casa decidió continuar haciendo lo que le habían ensañado y aprendido.
En su comunidad decidieron que no tenían ningún recurso para él. Fue mandado a otro sitio a centenares de kilómetro de su casa. Allí cumplió 13, 14 ,15, 16, 17 años….Pepito se acerca a la mayoría de edad, aún no está preparado, el cree que sí aunque en su fuero interno sabe que el mundo se lo va a comer,se lo contó a Barbu una vez. Tiene miedo,se sabe incapaz de controlarse, además no sabe hacer nada.
La consejería de asuntos sociales de su comunidad lo ha mantenido en la burbuja del sistema de protección durante años. Miles de euros después, en este mundo todo se comprende mejor si adjuntamos una cifra, Pepito abandonará el sistema de protección, de raza gitana(problemilla en este país xenófobo), medio analfabeto, sin formación se va a enfrentar a mundo con una edad el la que yo era un niñato con mayúsculas.
La sociedad le va exigir lo que no se le exige a niños de su edad. Hemos estado llevando a Pepito por un alegre sendero hasta llevarlo a un lado del barranco, el problema es que hemos olvidado construir el puente.
¿Quién se atreve a darle el empujón?
¿ a alguien le importa? La respuesta me temo que es no
¿alguien esta interesado en resolver este incongruencia? Creo que no
¿alguien se ha parado a pensar lo mal montado que esta todo? Espero que si
¿me equivoco en mis reflexiones? Seguramente si
¿Quién se atreve a darle el empujón?
¿ a alguien le importa? La respuesta me temo que es no
¿alguien esta interesado en resolver este incongruencia? Creo que no
¿alguien se ha parado a pensar lo mal montado que esta todo? Espero que si
¿me equivoco en mis reflexiones? Seguramente si
Trasladan a un menor del centro de Loiu al atacar con un cristal a un educador
El trabajador, que sufrió cortes en tres tendones de una mano y en una pierna, tuvo que ser operado
ESTIBALIZ SANTAMARÍA/LOIU
Un menor residente en el centro de acogida Zabaloetxe de Loiu ha tenido que ser trasladado al de Zumarraga después de provocarle graves heridas a uno de sus educadores durante una discusión. Los hechos ocurrieron hace dos semanas, cuando el joven atacó con un cristal al trabajador del centro, causándole cortes en una pierna y, sobre todo, en una mano. La víctima tuvo que ser operada ese mismo día al comprobar que tenía tres tendones dañados. Aunque el primer diagnóstico fue más pesimista, parece que recuperará totalmente la movilidad de la mano.
Al día siguiente de la trifulca, el joven fue trasladado el centro de menores de Zumarraga, donde se encuentra a la espera de acudir a la Fiscalía de Menores. Llevaba poco tiempo en Loiu, a donde llegó derivado del centro de Amorebieta por motivos de espacio. Los responsables de la residencia aseguran que nunca había protagonizado ninguna situación similar, pero un compañero del educador herido no comparte esta versión. «Ya había tenido otros amagos de conflicto. Una vez destrozó mobiliario del centro, rompiendo varias ventanas», describe el trabajador. «Además, este chaval tenía dos causas pendientes en San Sebastián y Santander por agresión a educadores o a compañeros y tiene una orden de repatriación de Barcelona, por la que los Mossos d'Escuadra le tenían en busca y captura para llevarle a Marruecos».
Por ello, este educador lamenta «la falta de coordinación y de información» entre los centros y asegura que los trabajadores se encuentran «indefensos y sin respaldo» en su puesto, ya que «este tipo de trifulcas son muy habituales. Son chavales complicados que admiten muy mal cualquier negativa».
Diez ingresos al mes
El director del centro Zabaloetxe no comparte esta versión. Según Carlos Sagardoy, «nos encontramos en un momento mucho más tranquilo que otras épocas, sobre todo desde la apertura de los centros de Berriz y Amorebieta». Una sensación compartida por varios comerciantes y hosteleros del pueblo. Loiu ha dejado de ser un centro de primera acogida, para convertirse en residencial y, tal y como explica el director, «nos llegan chavales más estables y controlados. Además, ahora recibimos una media de 10 ingresos al mes, frente a los 30 que teníamos antes».
En cuanto al supuesto pasado violento del menor, Sagardoy afirma que en su expediente no aparecía ningún conflicto anterior y niega que exista falta de coordinación e información entre los centros de acogida. «Yo participo en la Red Estatal de Solidaridad para Menores y allí muchos centros compartimos proyectos y contrastamos informaciones concretas sobre el motivo de los traslados», subraya. En el caso de este menor, llegó a Vizcaya desde Barcelona, un camino bastante habitual ya que «algunas comunidades como Cataluña, debido a la saturación en los centros, han optado por repatriarlos. Los chavales los abandonan y buscan otra oportunidad en las demás autonomías», detalla.
El trabajador, que sufrió cortes en tres tendones de una mano y en una pierna, tuvo que ser operado
ESTIBALIZ SANTAMARÍA/LOIU
Un menor residente en el centro de acogida Zabaloetxe de Loiu ha tenido que ser trasladado al de Zumarraga después de provocarle graves heridas a uno de sus educadores durante una discusión. Los hechos ocurrieron hace dos semanas, cuando el joven atacó con un cristal al trabajador del centro, causándole cortes en una pierna y, sobre todo, en una mano. La víctima tuvo que ser operada ese mismo día al comprobar que tenía tres tendones dañados. Aunque el primer diagnóstico fue más pesimista, parece que recuperará totalmente la movilidad de la mano.
Al día siguiente de la trifulca, el joven fue trasladado el centro de menores de Zumarraga, donde se encuentra a la espera de acudir a la Fiscalía de Menores. Llevaba poco tiempo en Loiu, a donde llegó derivado del centro de Amorebieta por motivos de espacio. Los responsables de la residencia aseguran que nunca había protagonizado ninguna situación similar, pero un compañero del educador herido no comparte esta versión. «Ya había tenido otros amagos de conflicto. Una vez destrozó mobiliario del centro, rompiendo varias ventanas», describe el trabajador. «Además, este chaval tenía dos causas pendientes en San Sebastián y Santander por agresión a educadores o a compañeros y tiene una orden de repatriación de Barcelona, por la que los Mossos d'Escuadra le tenían en busca y captura para llevarle a Marruecos».
Por ello, este educador lamenta «la falta de coordinación y de información» entre los centros y asegura que los trabajadores se encuentran «indefensos y sin respaldo» en su puesto, ya que «este tipo de trifulcas son muy habituales. Son chavales complicados que admiten muy mal cualquier negativa».
Diez ingresos al mes
El director del centro Zabaloetxe no comparte esta versión. Según Carlos Sagardoy, «nos encontramos en un momento mucho más tranquilo que otras épocas, sobre todo desde la apertura de los centros de Berriz y Amorebieta». Una sensación compartida por varios comerciantes y hosteleros del pueblo. Loiu ha dejado de ser un centro de primera acogida, para convertirse en residencial y, tal y como explica el director, «nos llegan chavales más estables y controlados. Además, ahora recibimos una media de 10 ingresos al mes, frente a los 30 que teníamos antes».
En cuanto al supuesto pasado violento del menor, Sagardoy afirma que en su expediente no aparecía ningún conflicto anterior y niega que exista falta de coordinación e información entre los centros de acogida. «Yo participo en la Red Estatal de Solidaridad para Menores y allí muchos centros compartimos proyectos y contrastamos informaciones concretas sobre el motivo de los traslados», subraya. En el caso de este menor, llegó a Vizcaya desde Barcelona, un camino bastante habitual ya que «algunas comunidades como Cataluña, debido a la saturación en los centros, han optado por repatriarlos. Los chavales los abandonan y buscan otra oportunidad en las demás autonomías», detalla.
jueves, 27 de marzo de 2008
Los educadores alertan de la saturación del Zambrana y las continuas agresiones
La Junta justifica que las medidas de seguridad son «suficientes» y afirma que el centro cuenta en la actualidad con 59 internos sobre una capacidad máxima de 70
«Trabajar allí supone un riesgo constante para los educadores al estar expuestos a agresiones de todo tipo en unos pasillos que carecen de cámaras de seguridad dentro de unos espacios enormes de los que está encargado un solo vigilante», asegura un empleado del centro de menores Zambrana.Los trabajadores de las instalaciones del paseo de Juan Carlos I, en Delicias, criticaron ayer, a raíz de la brutal agresión que sufrió uno de ellos el lunes de la semana pasada, «la total impunidad con la que actúan unos menores para los que el castigo máximo por golpear a un educador es de siete días de aislamiento». Ese precisamente fue el castigo que ayer culminó J. S. A., el dominicano de 18 años que golpeó con una muleta en la cabeza a un educador en quince ocasiones y que ha vuelto a incorporarse a su unidad ordinaria a pesar de que un informe psicológico advierte sobre sus trastornos mentales.
Habitaciones duplicadas
Los educadores alertan también de la saturación de un centro de reforma que alberga, según su testimonio, «a cerca de setenta internos cuando su capacidad operativa real no pasa de cincuenta», lo que obliga a «meter literas y duplicar habitaciones con los consiguientes problemas para atender a los internos en condiciones».
Eso al margen de la «falta de seguridad» que los educadores consideran que padece el Zambrana como un mal endémico y que propicia situaciones como la del día de la agresión, cuando la víctima se encontraba sola en un ala del edificio con los menores.No opina lo mismo el gerente regional de Servicios Sociales de la Junta, Antonio Sáez, quien considera que la actual plantilla de 40 vigilantes y 76 educadores «es suficiente para asistir a los -según su testimonio- 59 menores que están internados ahora mismo en el Zambrana». Un centro que, según su responsable político, cuenta con una capacidad máxima para acoger a setenta chicos.
Con respecto a las críticas vertidas por los educadores sobre la falta de medidas correctivas contra los agresores, Sáez justifica que «esas decisiones dependen directamente de los jueces y fiscales de menores y nosotros nos limitamos a acatar las medidas que dictaminen», además de añadir que «incluso las decisiones como el aislamiento no las podemos adoptar unilateralmente».El gerente regional resume que «el razonable buen funcionamiento de un centro en el que no hay que olvidar que están internados menores conflictivos lo refleja la ausencia de incidentes graves en los últimos dos años».
Vidas en peligro
No opinan lo mismo los trabajadores del Zambrana consultados. Estos coinciden en lamentar la «pasividad de la Junta ante las agresiones constantes que llevamos sufriendo a diario desde hace años y que estamos aguantando hasta que ves cosas como la del lunes y te das cuenta de que tu vida realmente corre peligro».Los educadores señalan la, a su juicio, «ineficacia del plan de riesgos» elaborado hace poco más de un año por la Junta -con más de dos años de retraso- y que «no contempla la forma concreta de actuar ante agresiones graves».Antonio Sáez, por su parte, insiste en destacar la «correcta gestión» de unas instalaciones en las que «las medidas de seguridad y educativas son suficientes», si bien reconoce la imposibilidad de que «no se produzcan incidentes de ningún tipo en un centro» que acoge a menores problemáticos
martes, 25 de marzo de 2008
Hijos agresivos, padres desorientados
Casi dos de cada diez adolescentes desarrolla alguna forma de agresividad durante esta etapa de su vida. La incapacidad para expresar sus emociones y dialogar es el caldo de cultivo de sus actitudes violentas contra compañeros, padres o maestros, han advertido especialistas reunidos en el reciente 56 Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP). Los pediatras proponen medidas para ayudar a los padres y a los mismos adolescentes a comunicarse mejor entre ellos. Toma nota.
Los expertos estiman que entre un 11 y un 16 por ciento de los adolescentes españoles desarrollan alguna forma de agresividad, ya sea mediante acoso escolar o bullying, violencia contra los padres, maestros o cualquier otro adulto. Se trata de un porcentaje que ha crecido sustancialmente en los últimos años, como han destacado los especialistas reunidos en Barcelona con motivo del 56º Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP).
En palabras del doctor Josep Tomás i Vilatella, pediatra y psiquiatra del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, el incremento claro de los casos de agresividad se debe a "una menor capacidad para expresar los sentimientos y para dialogar por parte de los adolescentes de hoy día".
Para este especialista, actualmente el adolescente carece de las habilidades técnicas y sociales necesarias para desarrollarse en sociedad. Mientras que el ad
ulto utiliza el lenguaje para expresar sus sentimientos, mediante el diálogo, reduciendo la tensión emocional y alcanzando una satisfacción personal, el lenguaje que utilizan habitualmente los jóvenes no les permite canalizar sus emociones.
Según el doctor Tomás i Vilatella, "la jerga adolescente, que con pocas palabras expresa multitud de situaciones, reduce infinitamente los matices, produciendo una situación de insatisfacción y dando lugar a que aparezca el lenguaje corporal que, en ocasiones, puede ser negativo". Así, según este especialista, "la violencia no es sino el fracaso del mecanismo de expresión de los sentimientos".
El doctor Tomás i Vilatella añade que esta incapacidad de comunicar sus sentimientos, que siempre ha existido, viene reforzada hoy día por la sociedad de consumo. "El niño y el adolescente de hoy se encuentra en una situación muy aislada y expuesto a modelos y conductas contradictorios, que no son los que ve en su casa. Esto le produce una situación de perplejidad y desorientación respecto a lo que está bien y lo que está mal, que tampoco mitigan los padres a través de la conversación y el diálogo". De hecho, en palabras del doctor Tomás i Vilatella, muchas veces son los mismos padres los que desarrollan conductas agresivas hacia otros adultos que sirven de "mal" ejemplo para sus hijos.
Jóvenes agresivos: ¿nacen o se hacen?
Diversos trabajos desarrollados por especialistas de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), hablan de dos tipos de conductas agresivas: la proactiva y la reflexiva o secundaria. La primera de ellas parte de la propia constitución del individuo, que es incapaz de controlar sus impulsos y genera una respuesta violenta, sin que exista estímulo desencadenante, según han recordado especialistas en el Congreso de la AEP. De esta forma, busca su satisfacción a través de su comportamiento.
Por otro lado está la agresividad secundaria, que "es la más frecuente y es la que está aumentando en los últimos años", señala el doctor Tomás i Vilatella. En estos casos, la conducta agresiva surge como consecuencia de una situación desencadenante.
Pero, para que se produzcan este tipo de comportamientos, sea cual sea su causa, los expertos consideran necesario que se den tres factores esenciales: "En primer lugar, el niño ha de tener una predisposición para ello; en segundo, es necesario que exista un terreno adecuado para que algo de lugar a una respuesta agresiva; y finalmente, ha de existir una causa perpetuante que haga que dicha respuesta se produzca
repetidamente", explica el doctor Tomás i Vilatella.
Agresividad: medidas de choque
Los especialistas reunidos en el Congreso de Pediatría han admitido que la violencia adolescente es compleja de abordar pero no imposible. En ese sentido, según el especialista es necesario plantearse varias medidas:
1. Aumentar la autoridad moral en la escuela
2. Evitar las medidas punitivas sistemáticamente y sustituirlas por otras dialogantes, inductoras y facilitantes,
3. Desarmar la impulsividad de los padres que, por una parte son capaces de chillar y enfrentarse al maestro o al médico y, sin embargo, no lo son para imponerse a sus propios hijos.
Casi dos de cada diez adolescentes desarrolla alguna forma de agresividad durante esta etapa de su vida. La incapacidad para expresar sus emociones y dialogar es el caldo de cultivo de sus actitudes violentas contra compañeros, padres o maestros, han advertido especialistas reunidos en el reciente 56 Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP). Los pediatras proponen medidas para ayudar a los padres y a los mismos adolescentes a comunicarse mejor entre ellos. Toma nota.
Los expertos estiman que entre un 11 y un 16 por ciento de los adolescentes españoles desarrollan alguna forma de agresividad, ya sea mediante acoso escolar o bullying, violencia contra los padres, maestros o cualquier otro adulto. Se trata de un porcentaje que ha crecido sustancialmente en los últimos años, como han destacado los especialistas reunidos en Barcelona con motivo del 56º Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP).
En palabras del doctor Josep Tomás i Vilatella, pediatra y psiquiatra del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, el incremento claro de los casos de agresividad se debe a "una menor capacidad para expresar los sentimientos y para dialogar por parte de los adolescentes de hoy día".
Para este especialista, actualmente el adolescente carece de las habilidades técnicas y sociales necesarias para desarrollarse en sociedad. Mientras que el ad
ulto utiliza el lenguaje para expresar sus sentimientos, mediante el diálogo, reduciendo la tensión emocional y alcanzando una satisfacción personal, el lenguaje que utilizan habitualmente los jóvenes no les permite canalizar sus emociones.Según el doctor Tomás i Vilatella, "la jerga adolescente, que con pocas palabras expresa multitud de situaciones, reduce infinitamente los matices, produciendo una situación de insatisfacción y dando lugar a que aparezca el lenguaje corporal que, en ocasiones, puede ser negativo". Así, según este especialista, "la violencia no es sino el fracaso del mecanismo de expresión de los sentimientos".
El doctor Tomás i Vilatella añade que esta incapacidad de comunicar sus sentimientos, que siempre ha existido, viene reforzada hoy día por la sociedad de consumo. "El niño y el adolescente de hoy se encuentra en una situación muy aislada y expuesto a modelos y conductas contradictorios, que no son los que ve en su casa. Esto le produce una situación de perplejidad y desorientación respecto a lo que está bien y lo que está mal, que tampoco mitigan los padres a través de la conversación y el diálogo". De hecho, en palabras del doctor Tomás i Vilatella, muchas veces son los mismos padres los que desarrollan conductas agresivas hacia otros adultos que sirven de "mal" ejemplo para sus hijos.
Jóvenes agresivos: ¿nacen o se hacen?
Diversos trabajos desarrollados por especialistas de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), hablan de dos tipos de conductas agresivas: la proactiva y la reflexiva o secundaria. La primera de ellas parte de la propia constitución del individuo, que es incapaz de controlar sus impulsos y genera una respuesta violenta, sin que exista estímulo desencadenante, según han recordado especialistas en el Congreso de la AEP. De esta forma, busca su satisfacción a través de su comportamiento.
Por otro lado está la agresividad secundaria, que "es la más frecuente y es la que está aumentando en los últimos años", señala el doctor Tomás i Vilatella. En estos casos, la conducta agresiva surge como consecuencia de una situación desencadenante.
Pero, para que se produzcan este tipo de comportamientos, sea cual sea su causa, los expertos consideran necesario que se den tres factores esenciales: "En primer lugar, el niño ha de tener una predisposición para ello; en segundo, es necesario que exista un terreno adecuado para que algo de lugar a una respuesta agresiva; y finalmente, ha de existir una causa perpetuante que haga que dicha respuesta se produzca
repetidamente", explica el doctor Tomás i Vilatella.
Agresividad: medidas de choque
Los especialistas reunidos en el Congreso de Pediatría han admitido que la violencia adolescente es compleja de abordar pero no imposible. En ese sentido, según el especialista es necesario plantearse varias medidas:
1. Aumentar la autoridad moral en la escuela
2. Evitar las medidas punitivas sistemáticamente y sustituirlas por otras dialogantes, inductoras y facilitantes,
3. Desarmar la impulsividad de los padres que, por una parte son capaces de chillar y enfrentarse al maestro o al médico y, sin embargo, no lo son para imponerse a sus propios hijos.
| ¿Aumentan contenidos educativos en TV infantil? Estudio del Consejo Nacional de Televisión muestra que aumentaron a un 82% las temáticas que entregan enseñanzas Conductas disruptivas En la medición del Barómetro de la Calidad de la Programación Infantil se incorporó por primera vez la presencia de conductas disruptivas, es decir, egoísmo, deshonestidad, manipulación e insolencias, entre otras. Estas representaciones aparecen en el 77% de los capítulos. "Hay una tendencia de la industria que tiene que ver con la aparición de los tweens y con una mirada más irreverente de los personajes de la programación infantil hacia el poder, la autoridad, los profesores y los padres. Se ve una cierta rebeldía que se está reflejando y que antes no existía", acota Patricia Politzer. Pero, si bien la presencia es alta, sólo en un 6% es relevante en la acción del programa, mientras que el 42,2% y el 51,8% es irrelevante y medianamente relevante, respectivamente. Para Dolores Souza, sicóloga y directora de estudios del CNTV, "es novedoso cómo se presenta la relación con los adultos de modo más horizontal, aunque es difícil separar cuándo es irrespetuoso o gracioso y horizontal". Violencia irrelevante Uno de los indicadores que dejó conforme al Consejo es que la violencia en los programas para niños en más bien irrelevante. "La que se muestra es a veces lúdica, marginal, se presenta de manera incidental dentro del capítulo, pero no como elemento central", indica Patricia Politzer. Esto se ve en especial en los programas de producción nacional, que son los que menos exhiben estos contenidos, en comparación con los extranjeros. Estudio muestra que hay pocos programas para preescolares Uno de los grupos abandonados por la programación infantil son los preescolares. "La industria debería hacer un esfuerzo porque hay pocos programas para menores de cuatro años", indica la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, Patricia Politzer. Aunque admite que es preocupante que niños de menos de dos años estén viendo TV, indica que al menos deberían estar expuestos a programas adecuados a su edad. Entre las razones de este vacío está el costo de estas series: "La producción para preescolares es de alto nivel, por lo que es más cara. Son programas más complicados en sus guiones y producción", detalla. Advierte que, pese a que son pocos (6,6% de la programación de TV abierta), son de alta calidad, sin violencia y con un contenido mínimo de lenguaje inapropiado y conductas disruptivas, las que -además- son irrelevantes. |
Los trastornos neuropsiquiátricos podrían elevarse en un 50% y ser una de las 5 causas más comunes de morbilidad, mortalidad e incapacid en menores
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que en España existen entre 620.000 y 780.000 menores afectados con trastornos del comportamiento y se calcula que hay 1.300.000 con riesgo de padecerlos. Además los profesionales reunidos por la Fundación Internacional O'Belén en relación al IV Congreso Internacional sobre Trastornos del Comportamiento en menores, celebrado en Palma de Mallorca el pasado fin de semana, aportaron diez medidas necesarias para prevenir y responder a las preocupaciones que plantea el "creciente fenómeno de las conductas disruptivas en menores y avanzar así en la solución de un problema social cada vez más acuciante". Asimismo, se dio especial relevancia a las terapias de ayuda para los trastornos de conducta que pueden ser aplicadas en la escuela, el entorno familiar, la salud y los sistemas de protección y justicia.
El presidente de la fundación, Emilio Pinto, señaló que los trastornos del comportamiento en menores "son uno de los mayores problemas que sufre nuestra sociedad, por que requiere una intervención eficaz, urgente y coherente que involucre a todos los agentes sociales y que, de no actuar a tiempo, esto producirá un grave deterioro en nuestro tejido social".
Entre las medidas citadas, se propuso la universalización del acceso gratuito a los servicios públicos de atención especializada en trastornos del comportamiento a todos los menores en riesgo y no sólo a los que están dentro del Sistema de Protección o Reforma; la potenciación del trabajo en red, involucrando a las Administraciones sociales, sanitarias, educativas y judiciales en la búsqueda de respuestas, y la disposición de recursos para el tratamiento de los casos graves y de servicios de consultoría en los casos leves y moderados.
En la misma línea, la organización pidió una investigación cualitativa y cuantitativa en este ámbito que sirva de base de formación y capacitación de quienes están en contacto con el problema, y la realización de cambios necesarios en todos los ámbitos y no sólo en lo que afecta a la protección del menor.
De hecho, indicaron que "sólo grandes cambios sociales pueden modificar la tendencia de crecimiento de los trastornos del comportamiento en España". Asimismo, se promovió la creación de un observatorio de estos trastornos, una plataforma de coordinación, conocimiento y apoyo a las familias y profesionales del sector mediante un teléfono de atención y el soporte informático necesario, involucrando a instituciones públicas y privadas. Además, el organismo apuntó hacia la reflexión y valoración "adecuada" antes de ingresar a los menores en centros de reforma, "al no ser éstos los lugares adecuados para el tratamiento de estos trastornos", y se propuso "la no estigmatización de los menores con diagnósticos alarmantes e inamovibles". Finalmente, se aconsejó el análisis de la intencionalidad de un comportamiento para discernir entre la pertenencia o no a lo patológico, ya que no todos los comportamientos se identifican con un trastorno; y la sensibilización a la sociedad, a través de los medios de comunicación y de las instituciones implicadas.
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